El sistema de presupuesto participativo consiste en un conjunto de actividades a través de las cuales se van definiendo paulatinamente las demandas sectoriales, las prioridades de la comunidad, los criterios de asignación de fondos y el programa de inversión de la Ciudad mediante la participación de la gente.
Para que la población haga un diagnóstico de sus necesidades, las cuantifique, elabore sus demandas, escoja las prioritarias y efectúe un seguimiento de la ejecución de tales acciones resulta de vital importancia, por un lado, que existan mecanismos que garanticen un flujo de información constante entre el gobierno y la sociedad y, por el otro, que se pongan sobre la mesa de discusión cuestiones tales como el urbanismo, el transporte público, la salud, la educación y la cultura.
En este sentido, el Presupuesto Participativo importa romper con la concepción tradicional del presupuesto que lo define como algo meramente técnico que sólo puede ser abordado por profesionales, para pasar a considerarlo como algo esencialmente político en el que todos y cada uno de nosotros estamos involucrados.
Su aplicación ha permitido superar gran parte de los problemas que traen aparejados la concentración de poder, el despilfarro de recursos y la corrupción.
El Presupuesto Participativo ha permitido reducir las prácticas clientelístas, ha estimulado la participación ciudadana, ha favorecido una más justa distribución del ingreso y se ha traducido en una mejor calidad de la representación.
En el Presupuesto Participativo, a diferencia de lo que ocurre en el ciclo presupuestario tradicional, se somete a la decisión de la población la determinación de cuáles son las prioridades en las que gastar los recursos, donde y cuando realizar las inversiones y cuales son los planes y acciones que debe llevar a cabo el Gobierno, por intermedio de un proceso de debates y consultas.
Este mecanismo importa dejar de lado la concepción del presupuesto como algo meramente técnico para pasar a considerarlo como algo esencialmente político en tanto se someten a la voluntad popular las decisiones relativas a la recaudación y al destino de los recursos públicos.
Su implementación se ha traducido también en una más justa distribución del ingreso y en una considerable mejora de las condiciones de vida de la gente más desfavorecida.
Frente a la difícil situación económica-social que hoy nos toca atravesar a los domincanos, la alternativa progresista a la crisis debe romper con la visión tradicional de la relación entre el estado y la sociedad y democratizar el poder incluyendo a la política económica y a las decisiones acerca de que es lo que se hace con los recursos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario